Será necesario, como en cualquier política pública, realizar una evaluación del "Plan contra el huachicoleo", pues si bien la lógica que lo sustenta parece bien intencionada, el gobierno debe entender que su objetivo primordial es el bien común. En el pasado, se consideraba a un gobierno recomendable si éste era honesto, hoy, se demanda mucho más del sector público pues se requieren eficacia y eficiencia además de honestidad. Ha sido evidente la falta de eficacia (el plan NO DEBERÍA tener un impacto en los ciudadanos que no son responsables de los robos) del plan pues ha habido pérdidas en las horas y horas de espera de los ciudadanos para poder cargar el combustible en varias ciudades; esto sin considerar el impacto que debe haber en las diferentes cadenas de suministro de bienes, así como en la imposibilidad de ofrecer servicios por falta de gasolina. También la eficiencia es muy cuestionable pues si son adecuados los estimados, estará saliendo mucho más cara la distribución del combustible en pipas que por ductos, a pesar de lo que el robo evidentemente cuesta a la Nación. El gobierno DEBE recordar que a los ciudadanos nos duele tanto un peso robado como uno desperdiciado.